Plan Provincial para prevenir y erradicar las violencias por motivos de géneros

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Por Melisa Sotelo*

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, junto con la Vicegobernación de la Provincia, presentaron un plan para prevenir y erradicar las violencias por motivos de géneros que establece —entre otros puntos— los lineamientos transversales a los tres poderes del Estado y a los municipios provinciales.

“Sin una transformación social profunda no hay posibilidad de erradicar las violencias”, aseguró Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros, para quien “el camino asumido apunta a consolidar un cambio cultural”. “Para luchar contra las violencias es necesario reconocerlas desde su raíz, ya que se cimentan en estereotipos de un sistema que perpetúa la desigualdad entre varones, mujeres, población LGTBI+, y pone a lo masculino por encima de todo”, agregó Pérez.

El Plan de prevención propone ordenar y unificar las prácticas de asistencia a víctimas de violencia por razones de género; así como administrar y distribuir democráticamente los recursos técnicos y económicos para que lleguen de manera equitativa a todo el territorio provincial.

Luego de un exhaustivo trabajo de reconocimiento de la situación que atraviesan las mujeres y disidencias en la provincia, y de los dispositivos con que se cuenta para su atención, desde la Unidad de Coordinación y Monitoreo de Políticas Públicas para la Igualdad —dependiente de la Vicegobernación— y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, se reorganizaron la dinámica y los equipos de trabajo, las instituciones, su coordinación y articulación, y los recursos existentes para proyectar un plan que refuerce y atienda  lo que cada territorio precise.

La apuesta es diagramar un mecanismo capaz de integrar los diversos programas existentes a partir de una guía de procedimiento unificada que las rija. “Se trata de establecer una serie de pautas que permitan responder qué es lo mínimo que se tiene que esperar de cada uno de estos pasos en la atención, y así poder dar cuenta de su cumplimiento o no”, explica Silvana Pérez.

Además, el Plan prevé contar con instancias de formación permanentes, que posibiliten a los responsables de las áreas disponer de las mismas herramientas para ofrecer la atención adecuada de cada caso.

Territorio y redes

Aunque el Plan en sí mismo se lanzó en junio 2021, el trabajo de abordaje de las violencias empezó a la par de la actual gestión de la Secretaría. “Nosotras queríamos tener un conocimiento de lo que ocurría en territorio para presentar un plan que se ajuste a la realidad”, sostiene la secretaria de Derechos Humanos y Géneros. La tarea se inició a partir de la reorganización de los dispositivos de atención.

Tal como establece la Ley de Ministerios en su Artículo 3.108, una de las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros es “definir, dirigir y coordinar las políticas tendientes a revertir las violencias, el abuso y la discriminación contra las mujeres, identidades femeninas y disidentes desde una perspectivo de los derechos humanos”. En consonancia con este Artículo, la Secretaría absorbió todos aquellos entes que trabajaban en la atención de mujeres en situación de violencia de género, entes que hasta ese momento pertenecían a diversos ministerios y carecían de articulación entre sí. La Secretaría los puso bajo su órbita y estableció nexos de comunicación entre ellos y un protocolo por el cual regirse.

Las entidades nucleadas en primera instancia son aquellas que atienden la urgencia, la primera consulta, realizan la clasificación de la llamada y orientan hacia dónde ir; posteriormente, realizan seguimiento, asesoramiento legal, acompañamiento terapéutico, y generan espacios de socialización para las mujeres.

Estas entidades trabajan en base a un eje articulador que acompaña el proceso en algo tan importante como la historia de una mujer o identidad femenina, en sus distintos estados y momentos en relación a la violencia, ofreciendo contención y herramientas para que la persona pueda desarrollar prácticas de autonomía. 

Los tres dispositivos de abordaje con que se cuenta en la actualidad son la Línea 137 —que dependía de Desarrollo Social—, cuyo alcance abarca Resistencia y Gran Resistencia; y a la que se sumó desde esta gestión la Guardia contra Violencia de Género (3624970852), que está disponible las 24 horas, comprende a toda la provincia y que suma a WhatsApp como medio de comunicación; y el Centro de Atención de Víctimas de Violencia (CAVV), que dependía, a su vez, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Reforzando el trabajo con la historia de cada persona, entendiendo que, en estos casos, la situación de riesgo es dinámica, es que se crea la plataforma victimoasistencial; un espacio virtual que favorecerá la circulación de la información y que permitirá que esté disponible y pueda ser actualizada por todos los equipos intervinientes: Poder Judicial, comisarías de la mujer, juzgados de paz, líneas telefónicas de atención, el CAVV, y las áreas de género de los municipios.

En acuerdo a otro de los ejes presentes en la Ley de Ministerios —“promover la  creación de espacios institucionales de géneros dentro de los municipios de la provincia para la creación de servicios de prevención asesoramiento y contención de la violencia”— se dispuso que los municipios instituyan áreas de géneros, un espacio hasta entonces inexistente en muchas de las localidades; una medida que siembra la posibilidad de gestar políticas de género con respaldo estatal, abriendo así un lugar de atención a mujeres y contribuyendo a la conformación de redes en todo el territorio provincial.

“Cualquier área de género puede gestionar la consulta. Funcionan 24 horas y por eso son tan importantes, expresan el respaldo de un área de gestión estatal y tienen la posibilidad de cargar denuncias y de exigir respuestas al Poder Judicial”, explicó Silvana Pérez.

En agosto de 2020 se dio otro paso fundamental con la formación de los equipos de trabajo y atención, para compartir y poner en común el conocimiento necesario para brindar la adecuada contención, orientación emocional, para promover confianza, contribuir con el asesoramiento jurídico, administrativo, etc.

“Este año armamos un equipo de seguimiento de las áreas de género que está yendo territorialmente y que trabaja dos líneas: atención a la violencia y el plan de igualdad, de manera que cada una de estas áreas municipales cuenta con todas las herramientas que existen en la provincia y pueden gestionarlas”, especificó la secretaría de Derechos Humanos, quien destacó además la importancia que reviste la organización de “talleres por circunscripción judicial con los equipos de referencia territorial, con la idea de ir jurisdicción por jurisdicción durante seis meses”.

Herramientas colectivas para el cambio social

El Plan provincial para prevenir y erradicar las violencias fue presentado durante el mes de junio. Hasta entonces se habían creado los instrumentos para realizar los procedimientos, y en ese sentido Silvana Pérez señaló que se hacía necesario “tener una primera lectura, estadísticas de casos y un desarrollo territorial, porque teníamos las ideas pero queríamos ajustarlas a la realidad”. “Queríamos tener una evaluación real de la situación de la violencia en la provincia, del desarrollo de la atención de las violencias, porque si bien la violencia es de larga data, el problema es que estaba invisibilizada”.

El Plan

Se trata de un pacto de política pública transversal para la atención de la violencia, que pretende poner la información de manera accesible a la ciudadanía, de modo que quien necesite atenderse sepa qué puede esperar de cada lugar, y adoptar un rol activo en el cumplimiento o no del proceso.

Es una guía de procedimientos, que establece equipos a cargo, modos específicos para el ingreso de casos, pasos a seguir en cada instancia, control de los tiempos en los que el caso permanece en cada equipo, etapas para el proceso de atención y objetivos de lo que se espera en cada uno de esos pasos.

Cambio de paradigma

El Plan prevé la construcción de espacios físicos en los municipios, con los que algunos ya cuentan, para el funcionamiento de los equipos; que contemple espacio suficiente para el trabajo grupal y se construyan, en el mismo predio, entre tres y cuatro módulos habitacionales para ser habitados por mujeres y diversidades, que estén en situación de riesgo y desprotección en cada localidad.

De esta manera se intenta establecer un cambio de paradigma: pasar del esquema histórico de las instituciones, a la construcción de monoambientes donde la persona pueda habitar de manera independiente, entrar y salir con una llave propia, y el lugar contemple el sistema de botón antipánico y cámaras de seguridad. Además de establecer un tiempo límite de permanencia.

Los nuevos centros integrales de abordaje de las violencias apuestan a trabajar fuertemente en la construcción de autonomía y en la organización psíquica de la víctima de violencia de género; por eso mismo se proyecta que los módulos habitacionales están en el mismo predio en donde funcionará el equipo y virar del clásico tratamiento individual, a un tratamiento grupal que trabaje estrategias para la elaboración de un plan de autonomía.

Este esquema novedoso viene a aportar la perspectiva de género en el tratamiento de las violencias, entendiendo que los refugios perpetúan la estructura patriarcal y la experiencia de sometimiento, teniendo en cuenta que son instituciones con horarios preestablecidos, personas a cargo de los quehaceres y con una forma previa de organización. Lo que se propone desde el Plan es que las personas desarrollen sus propias herramientas.

En este momento se encuentran proyectados cuatro Centros de Abordaje Integral de las Violencias: uno en el asentamiento de La Rubita, en Resistencia; otro en Juan José Castelli; otro en Fontana, y otro en Puerto Vilelas. Los dos primeros ya se encuentran en ejecución. Estas obras son gestiones conjuntas entre la Provincia y cada Municipio.

Proyecciones futuras

El próximo paso que se propone desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y desde la Unidad de Coordinación y Monitoreo de Políticas Públicas para la Igualdad —una vez formalizado e instrumentado el Plan—, es concretar una ley integral de asistencia a las violencias, que unifique todas las reglamentaciones existentes y que incluya el paradigma de la diversidad, ya que hasta el momento se continúa hablando, en el plano legal, de violencias hacia las mujeres. Una ley que organice e incluya es la única manera de exceder las gestiones y dejar plasmadas las políticas públicas como cuestión de Estado.

*Comunicadora Social