“La Argentina tiene una posición de punta en la persecución de crímenes de lesa humanidad”

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Entrevista con Duilio Ramírez, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. La experiencia argentina en el juzgamiento a los responsables de las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar no sólo sirve para reparar el daño provocado a sus víctimas directas, sino también para consolidar una conciencia colectiva que afiance las premisas de Memoria, Verdad y Justicia. Desde el año 2003, con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por el presidente Néstor Kirchner, en la Argentina se puso en marcha un proceso judicial que es referencia a nivel mundial, en términos éticos y jurídicos.

Con la realización del debate oral y público por la denominada “Causa Caballero III”, la provincia del Chaco vivió a lo largo del mes de abril pasado el desarrollo de su séptimo juicio de lesa humanidad.  

“Desde 2010 hasta la actualidad, en la provincia se juzgaron acciones realizadas sobre centenares de víctimas; el juicio por la Masacre de Margarita Belén fue quizás el más paradigmático, junto con las ‘Causas Caballero’, que buscan juzgar los hechos de secuestro, tortura y violación sufridos en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco”, apunta Duilio Ramírez, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia.

Ramírez apunta que “son tantas las víctimas, ha sido tanta la gente que ha pasado por la Brigada, que se requiere de varios juicios para poder llegar a la verdad. Son tantos hechos los que se juzgan que no alcanza un solo juicio para llegar a la verdad”.

Aprovechando el trabajo de Duilio Ramírez en el desarrollo de los juicios, desde ModoMatria le planteamos preguntas que sirvan para acercarnos a un acontecimiento social y judicial de carácter histórico.

¿De qué hablamos cuando hablamos de delitos de lesa humanidad?

En el Derecho Penal existe lo que se llaman “escalas de delitos”. Hay algunos que son más graves que otros, que son más lesivos, contra lo que se llama bien jurídico. Un bien jurídico puede ser la libertad, la integridad, la salud, la integridad sexual. Y dentro de los delitos más disvaliosos, los que más agreden al ser humano, los más injustos, están aquellos que se cometen contra la humanidad toda, o contra un grupo de seres humanos. Ese grupo de seres humanos puede estar dividido por una cuestión de raza, de nacionalidad, de afinidad política, religiosa… Cuando un grupo de delitos se comete contra una parte de la especie humana, decimos que son los más disvaliosos, los más graves de todos, porque agreden, ofenden a la humanidad en general. Un homicidio en donde un hombre mata a otro, si bien es un hecho muy disvalioso, quizás de los más disvaliosos que conoce el derecho, puede ser aún más grave, y eso sucede cuando ese hecho se enmarca en un plan, en un conjunto de acciones tendientes a eliminar a un grupo social, un grupo político, un grupo étnico, un grupo religioso. A eso se le llama delito de lesa humanidad, porque lesionan a la humanidad por completo. Ese tipo de delitos son perseguibles en todo el mundo, en todo tiempo y lugar, porque como son los más graves que conoce el ser humano, no prescriben nunca. Pueden pasar años desde que el hecho haya sido cometido, y en la medida en que viva el autor, el ejecutor del hecho, ese hecho se puede perseguir.

¿Cuál es la situación de la Argentina en ese sentido?

La Argentina tiene una posición de punta en la persecución de estos crímenes, debido a que el Estado nacional firmó acuerdos internacionales que la obligan ante el mundo, ante la comunidad de las naciones, a no dejar impunes estos crímenes. Desde el año 2003 en adelante, existe una política de estado que insta a no hacer la vista gorda respecto de esos acuerdos y perseguir los crímenes de lesa humanidad. La Argentina es observada y mirada por el resto del mundo como un faro, como un ejemplo a seguir de que no se puede permitir que crímenes que agreden a la humanidad permanezcan impunes.

¿Qué se juzga en el Chaco en las denominadas Causas Caballero?

En la Brigada de Investigaciones de la provincia del Chaco funcionaba un centro clandestino de detención, un lugar donde los jóvenes —porque eran realmente todos jóvenes, algunos incluso niños— eran llevados desde sus hogares, vendados y maniatados, y allí eran sometidos a torturas de la más variada índole, con un alto nivel de perversidad. El grado de malicia y desprecio por el ser humano llegó a niveles aberrantes. Junto con estos juicios también se juzgó la complicidad judicial, es decir, funcionarios judiciales que, no es que hicieran la vista gorda, lo que hubiese sido lo de menos, sino que participaban de la tortura, tomaban declaraciones a personas muy lastimadas, o no tomaban las declaraciones sobre denuncias de apremios, o participaban de allanamientos ilegales. Todo eso sucedió en el Chaco y todo eso se llevó a juicio. Hay una treintena de condenados, con condenas firmes, cumpliendo su condena.

¿Qué supone una condena firme?

Significa que se dictó aquí, en la provincia, que fue cuestionado —porque siempre son cuestionados— y que fue ratificado por la instancia superior. Y luego, en los casos en que se cuestiona también la instancia superior, son ratificados por la Corte. Todo el trabajo que se hizo en el Chaco, todas las condenas, fueron ratificadas. Lo que significa que quienes participamos de esos juicios logramos reunir las pruebas para que se condene a la persona con prueba. En un juicio de lesa humanidad son respetadas todas las garantías constitucionales. Las personas que serán llevadas a juicio tienen derecho a un defensor, si puede pagarlo lo paga y si quiere se lo designa el estado; la mayoría de los defensores que han defendido a los acusados son defensor oficial, tienen una formación académica altísima, de manera tal que los imputados estuvieron defendidos correctamente. Solo que es tan abrumadora la prueba, es tan contundente, documental, testimonial, que por más que tengan el mejor abogado les resulta muy difícil deslindarse de las acciones que cometieron. En todos los juicios, además, son jueces diferentes, que analizan la prueba y dictan la sentencia.

¿Qué representa en términos sociales la realización de estos juicios?

Es una reafirmación de la democracia. Nuestra democracia es joven, no tiene cuarenta años, y estos juicios ayudan a que la institucionalidad democrática sea vista por la sociedad como real, como factible. Es decir, no voy a convivir con una persona que cometiendo esos crímenes terminó impune. Esta sociedad, con todas sus imperfecciones, cuanto menos tiene la suficiente entidad como para castigar a los responsables de los actos criminales. Eso es importante porque si vos sentís que vivís en un lugar, en un entorno, en el que cualquiera puede hacer lo que quiera contra la especie humana y no va a encontrar un castigo, se debilita mucho el respaldo que le pudieras dar a la institucionalidad democrática.

¿Cómo viven las víctimas, las y los testigos, el momento de la declaración?

La víctima de un crimen de este tipo, lleva ese dolor toda la vida. Podrá tener una vida mejor, peor, una familia que lo contenga, podrá tener un buen trabajo, podrá llevar y vivir momentos hermosos, pero de aquel trauma no se sale jamás. Muchas compañeras y compañeros han tenido la entereza para declarar en un juzgado, pero otros no. Muchos han podido sacar, hurgar, en esas semanas o meses o años que les tocó pasar por esto, volver a ese lugar de su historia. Hay testigos que tienen que declarar hasta diez veces, por el hecho propio y por haber sido testigos de otros. Han tenido que rememorar todas esas veces su vivencia, su calvario. Es un momento sumamente duro, porque el testigo tiene que explicarle a un extraño, a un juez que no conoce, delante del imputado, que es quien cometió esos hechos; tiene que explicar delante de una cámara y ante abogados que le somos desconocidos, ante la frialdad del sistema judicial, tiene que desnudar su vivencia delante de extraños. No una sino varias veces. De manera tal que su testimonio sirva para probar lo sucedido. Hay víctimas que lo pueden tolerar, hay otras víctimas que se derrumban ante el testimonio, víctimas que sienten como un ahogo, que tienen que parar un momento para luego seguir, otras no pueden continuar. Cuando vemos que la víctima que está declarando está en el límite de su tolerancia, los abogados y los jueces no preguntamos. O preguntamos cosas muy puntuales, de manera tal de no seguir revolviendo el dolor. Eso es no revictimizar. Por otro lado, también hay un desahogo: pasé por todo eso, lo revivo en un juicio, pero puede servir para que aquellos que cometieron esos actos contra mí o contra otro sobre el que estoy por testimoniar, pague por lo que hizo. También ahí está el rol reparador de los juicios.

Una pregunta coyuntural: ¿cómo afectó la pandemia el desarrollo de los juicios?

La pandemia se constituyó en un verdadero obstáculo, porque uno de los principios del Derecho Procesal Penal es la inmediatez. Para saber si el testigo dice la verdad o no, el juez tiene que mirarlo a la cara, tiene que estar ahí, tiene que ver su reacción, tiene que sentir cómo reacciona el testigo ante su pregunta. Eso es importante no sólo en las causas de lesa humanidad sino en todas las causas penales. La no presencialidad dificulta esta cuestión porque hay casos en los que la conexión virtual no es del todo ajustada, precisa —hemos tenido casos de testigos declarando desde el campo, desde el interior de Formosa, interior de Corrientes, buscando señal con un celular, entonces hay veces que se escucha poco, se entrecorta… Es más difícil lograr una conexión entre el testigo y el tribunal, entre el testigo y los abogados. La Causa Caballero III, por ejemplo, se realizó en modalidad mixta: algunos testigos declararon presencial y otros de manera virtual. También tuvimos necesidades de declaración virtual porque teníamos testigos que viven en el extranjero. Pero lo importante es que aún con la pandemia esto no se detiene, y eso es una decisión de política pública.