El derecho a decidir

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Por Pamela Soto (*)

Desde el 24 de enero Argentina tiene aborto legal, seguro y gratuito. La Ley 27.610, sancionada en diciembre del 2020, establece entre otras cosas el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para cuerpos gestantes. Además, regula la atención postaborto y es de aplicación obligatoria en todo los centros médicos del país.

En Chaco, sin embargo, la norma recién entró en plena vigencia en marzo del 2021, ya que una jueza, con el apoyo de sectores conservadores antiderechos de la provincia, intentó frenar la aplicación de la ley a través de medidas cautelares que fueron debidamente apeladas por el Estado provincial. Acciones judiciales que tuvieron una respuesta favorable por parte de la Justicia, dejando en claro que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo debe aplicarse en todo el territorio provincial. 

Lograr la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implicó una lucha histórica por la soberanía de los cuerpos de las personas gestantes, uno de los principales ejes de los feminismos. 

Para garantizar la aplicación de la Ley de IVE en la provincia, la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, creó una Mesa Intersectorial para la garantía de los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres y personas gestantes. En esa Mesa participan representantes de los Ministerios de Salud Pública, Educación y Desarrollo Social, además de los equipos médicos de los hospitales de Resistencia, Sáenz Peña, Villa Angela, Castelli y de la Región Sanitaria 5; así como también integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

Por otra parte, en mayo de este año, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). 

Se trata de una guía práctica destinada a los equipos y establecimientos de salud tanto para llevar adelante los procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE), como para dar cumplimiento a la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, en el contexto del compromiso del Estado nacional para favorecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. 

Esta guía puede y debe ser adoptada por los ministerios de Salud Pública de las provincias. 

¿Qué establece la ley?

Primero es necesario aclarar que existen dos tipos de formas legales de acceder a una interrupción del embarazo: La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

La Ley 27.610 establece que las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, o cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud (que también es una de las causales para acceder a una ILE).

Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita, o bien, deben ser cubiertos por obras sociales o prepagas. 

Vale aclarar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hace referencia al derecho al aborto en las siguientes situaciones: si el embarazo es producto de una violación, y si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Ambas causales están establecidas en el artículo 86 del Código Penal Argentino, desde hace más de 20 años. 

¿Cómo acceder a una IVE o ILE?

Las personas gestantes que se encuentren dentro de las 14 semanas inclusive de gestación pueden solicitar la IVE en el mismo día de la primera consulta médica. 

En Chaco, existen cuatro equipos médicos de Salud Pública que realizan la práctica: el Servicio de Tocoginecología del Hospital Perrando, de Resistencia; la misma área en el Hospital 4 de Junio, de Sáenz Peña; la del Hospital Bicentenario de Castelli, y del Hospital Salvador Mazza, de Villa Ángela. También existe un servicio especial en la Región Sanitaria Quinta del Interior provincial. 

Para realizar la práctica se requiere de la firma del “consentimiento informado” de la persona gestante. El consentimiento es el proceso por medio del cual una persona, tras recibir toda la información necesaria y tomar una decisión, autoriza o no al profesional de la salud a realizarle una práctica sanitaria. Está enmarcado en los principios de autonomía de las personas, confidencialidad, privacidad y acceso a la información.

Para la ILE, en casos de violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada; nunca es necesaria una denuncia judicial o policial de la violación para acceder a la práctica médica.

En los casos en que el embarazo ponga en peligro la salud o la vida, además de la firma del consentimiento informado por parte de la persona gestante, el equipo de salud debe constatar y hacer constar en la historia clínica esa situación de salud.

Tanto para la ILE como para la IVE, el consentimiento debe ser firmado por escrito. Lo central es que este documento sea claro y accesible, y puede emitirse en cualquier formato (braille, manuscrito, digital, audio, etc.) o idioma, incluyendo lenguas originarias.

Para acompañar el proceso de decisión de interrupción del embarazo de una persona gestante, la ley establece la creación de consejerías. En Chaco esas consejerías están garantizadas en los cuatros hospitales mencionados, así como también la atención post aborto y proveduría de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Todo esto, en el ámbito de la Salud Pública. 

Las obras sociales como INSSSeP, se encuentran en un proceso de trabajo previo en el que se debe crear un procotocolo y hacerlo oficial mediante una resolución. Esta es la única forma en que los prestadores de la obra social estatal podrán garantizar y cubrir la práctica. 

Adolescentes, niñes y personas con discapacidad

Si bien el consentimiento informado lo firma la persona gestante que solicita la IVE o la ILE, todas las personas, con y sin discapacidad, tienen derecho a autorizar por sí mismas la práctica. En el caso de niñes (antes de los 13 años) deben estar asistidas por una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado. Les adolescentes pueden, en general, acceder a la IVE o a la ILE en forma autónoma. 

Por otra parte, tanto para adultos como adolescentes o niñes, acceder a la práctica de IVE o ILE no puede demorar más de 10 días corridos desde que la solicite.

Para más información, consultas o en caso de inconvenientes, se encuentra disponible la Línea salud sexual 0800 222 3444 para todo el país. 

(*) Periodista