De las primeras reivindicaciones indigenistas en América, al estado de interculturalidad

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Por Melisa Sotelo

Para pensar las lenguas como puentes del derecho a la comunicación y al entendimiento entre naciones.

En el Chaco tenemos cuatro pueblos o naciones indígenas, de los cuales tres conservan y hablan su lengua; hay zonas de la provincia en las que el idioma representa una barrera para la comunicación.

En la Argentina se hablan cerca de catorce lenguas indígenas: ava-guaraní, aymara, chané, chorote, chulupí, guaraní, mapudungun, mbyá guaraní, moqoit, pilagá, qom (toba), quecha, tapiete y wichí, tres de ellas en nuestra provincia. Sin embargo, la comunicación no es concebida como un derecho y continúa siendo una barrera inhabilitante al no contemplarse, ni garantizar traductores en las instituciones públicas. 

Como dice Leko Zamora, escritor Wichí, “el idioma que manejamos ahora es el idioma extranjero, el idioma colonizador, más allá de que el estado haya tomado como oficial a nuestras lenguas”. Zamora hace referencia a la Ley 6.604, aprobada en 2010 por la legislatura chaqueña, que establece declara “lenguas oficiales de la Provincia, además del Castellano Español a las de los Pueblos Preexistentes Qom, Moqoit y Wichí”.

En 1945 Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro que instituye el 19 de abril como Día del Indio Americano. En 1940, en Pátzcuaro, México, se realizó el primer Congreso Indigenista Interamericano, al que asistieron representantes de todos los Estados de América, con excepción de Canadá, Paraguay y Haití. Allí se reunieron los principales indigenistas de la época y algunas delegaciones indígenas de México, de los Estados Unidos, Panamá y Chile. 

Los diez días que duró el encuentro serían claves para el futuro; entre otros motivos porque allí se establecieron las bases de un cambio radical en la concepción que los Estados tenían sobre los pueblos originarios en la América colonizada, una América que perpetuaba una lógica colonizadora sobre las naciones no occidentales. 

Aquel congreso, por otra parte, se realizó en un país que llevaba adelante una revolución comunista, fuertemente interpelada por la discusión de la Tercera Internacional, que habilitaba debates sobre los oprimidos de la tierra como naciones con sus propios idiomas, culturas y religiones, que guiaba el horizonte de lo que hoy llamaríamos políticas públicas, desde una visión  anticolonial.

A diferencia de la inferioridad racial, en la que los Estados se amparaban para recluir a sus pueblos indígenas, la congregación de Pátzcuaro empieza a hablar de un “problema social” asociado a las lamentables condiciones en las que estos pueblos eran confinados a vivir, con escaso acceso a la tierra, a la educación, con las precarias condiciones económicas y los problemas de comprensión asociados a su lengua no reconocida. 

En el documento consensuado, tras aquellos días de encuentro, hay un apartado específico que sostiene: “…los idiomas indígenas pueden ser aprovechados en cualquier sentido que se exija en los programas de educación o de divulgación cultural que se propongan”, y a su vez destaca la importancia de “elaborar alfabetos en las lenguas nativas y la necesidad de convocar a un Congreso panamericano de lingüística indígena para enfrentar y resolver estos retos y problemas”.

Aún después de ocho décadas, y más allá de grandes y evidentes avances, es importante volver a plantearnos varias cuestiones

Si, como sostenemos, la comunicación es un derecho, podríamos revisar las prácticas colonialistas que dejan afuera a las naciones que hablan otras lenguas pero que son parte de este Estado, y que por lo tanto son beneficiarias de políticas públicas que tal vez no llegan a entender. 

“El traductor abarca especialmente la justicia, pero necesitamos pedir intérpretes en el banco, en el correo, en los hospitales porque también allí llega gente de las comunidades”, dice Noelia Pérez, Concejala e intérprete Qom de El Espinillo.

En el año 2010 se incorporó la figura del intérprete aborigen a los procesos judiciales, para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las comunidades originarias, a partir de la modificación de los artículos 115 y 123 del Código Procesal Civil (Ley 968) que establece que “se nombrará intérprete o traductor aborigen cuando la persona perteneciente a los pueblos indígenas no conozca o conozca de manera insuficiente el idioma nacional”. En la misma Ley, su Artículo 132 señala que “cuando se presenten documentos escritos en lengua pertenecientes a los pueblos originarios se nombrará intérprete o traductor aborigen a los fines de su traducción”.

La incorporación del traductor-intérprete aborigen fue un avance inmenso que garantiza que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas puedan entender por qué se los está juzgando, prestar declaración y defenderse con conocimiento de causa en su propia lengua. Además, contar con un intérprete o facilitador cultural, es esencial, ya que no se trata de realizar una traducción literal, sino de ilustrar o transmitir otra cosmovisión, otros códigos culturales.

En diciembre de 2014 el Poder Legislativo del Chaco aprobaba la Ley 7.516 que “autoriza la creación de la carrera de traductor-intérprete de lenguas indígenas, con orientación en ciencias jurídicas, para desempeñar la profesión en el ámbito judicial”. Esta ley, que aún no logró ser ejecutada, vuelve a restringir la necesidad y el alcance de la comunicación y el entendimiento al ámbito judicial; si lo pensamos en términos de derechos, es el ámbito en el cual ya se está juzgando la violación de derechos. Sin embargo, aquellas instancias en donde día a día podrían garantizarse su cumplimiento no están contempladas. 

Perspectiva de género en el rol del intérprete

La interpretación es una tarea crucial porque resguarda la transmisión de sentido al tener en cuenta los códigos culturales de quien está siendo interpretado o interpretada. Entonces nos preguntamos: ¿qué pasa con la perspectiva de género en el trabajo de traducción? 

Según Noelia Pérez, intérprete Qom, “en nuestra comunidad hay mujeres que desconocen sus derechos y es necesario que alguien pueda explicarle su situación”. 

Para Mabel Filimon, intérprete Qom de Resistencia, es imprescindible que se contemple la perspectiva de géneros y que se evalúe quién llevará adelante la traducción en cada circunstancia porque “la mayoría de los casos para los que nos llaman son de abuso sexual y la más de las veces de menores de nuestras comunidades”.

A la vez Filimón plantea la necesidad de sumar traductoras a las líneas de emergencia para la atención por violencia de género: “Es muy importante que el Estado garantice la figura del intérprete en las líneas 137 y 144 porque cuando una hermana llama no la entienden y es una denuncia que se queda sin hacer”.

Sin dudas existe un trabajo permanente y constante desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil tanto de indígenas, como de criollos que van haciendo del Chaco una provincia con leyes y políticas públicas que contemplan a la diversidad de pueblos que la componen. Pero me gustaría plantear y cerrar con esta pregunta: ¿Es posible hablar de interculturalidad cuando no se reconoce una lengua?, ¿el canal que, por excelencia, expresa una cultura?