Darío Gómez: “En el Estado persiste un racismo estructural”

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Por primera vez desde su constitución en 2012 el Comité de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes cuenta con miembros elegidos a través de un concurso abierto, de Antecedentes y Oposición, conducido por un Tribunal ad hoc. En mayo de este año y después de un proceso inédito puesto en marcha a partir de la nueva Ley 3.264-B, el Tribunal definió a los nuevos integrantes. Los seleccionados para dirigir el Comité por los próximos cuatro años fueron Kevin Nielsen, Bashe Charole (como representante de los pueblos originarios), Ariela Álvarez, Silvina Canteros y Darío Gómez.

Militante histórico por los derechos humanos en la provincia, y distinguido en 2015 con el premio “Amanda Mayor de Piérola”, Darío “Tapita” Gómez especificó para ModoMatria las funciones y desafíos que el Comité deberá afrontar a partir de esta nueva gestión. En principio, Gómez recalcó que el Comité “es un organismo autónomo y autárquico, que tiene por finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas privadas de su libertad, velar por la mejora en las condiciones de detención, fortalecer la protección contra todo tipo de malos tratos o penas prohibidas por nuestra legislación y por las normas internacionales, y prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en nuestra sociedad”.

ModoMatria: Desde el punto de vista institucional el Chaco demostró que impulsa iniciativas para garantizar que el Estado no viole los derechos humanos, ¿se perciben esos avances en la convivencia democrática cotidiana?

Efectivamente es así, el Chaco siempre ha sido vanguardia en políticas públicas de derechos humanos. Podríamos enumerar una cantidad importante de normas locales que se aprobaron en los últimos veinte años, de las que muchas provincias aún carecen. Desde la creación del IDACH, pasando por el reconocimiento de las lenguas indígenas qom, wichí y moqoit como lenguas oficiales junto al español, hasta la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la sanción de la ley sobre los Criterios Mínimos en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Los avances se perciben. Somos una provincia con más de 500 grupos o movimientos sociales que demandan el cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto genera a diario entre 10 y 20 manifestaciones en espacios públicos, y con ese volumen de conflictividad la relación con los casos de denuncias de malos tratos, hostigamientos, apremios, es una muestra cabal de que la sociedad chaqueña tiene pautas profundas de convivencia producto del empoderamiento de derechos.

Los organismos de derechos humanos demostraron la importancia del trabajo articulado y de la coordinación de esfuerzos, ¿se puede aspirar a que las áreas del Estado logren una articulación que garantice el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía?

Se debe reclamar que así sea. Es parte del “deber ser” de la gestión del estado. A partir de los años 80’, los organismos de derechos humanos han logrado que el Estado argentino incorpore un marco normativo y políticas públicas que pusieron a nuestro país a la vanguardia de los derechos humanos a nivel internacional. Hubo un retroceso en los 90’, y luego, a partir de la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, se volvió a instalar con mucha fuerza a los derechos humanos en la agenda política nacional, al punto de que en la gestión de CFK se convirtieron en prioridad y se llegó a pensar las políticas públicas desde una perspectiva en derechos humanos. Cabe preguntarnos si con las leyes y políticas basta para que toda la población goce de la realización de sus derechos. Y en esto la respuesta es negativa, hay un impedimento central en el ejercicio y goce de los derechos humanos que tiene que ver con el racismo que sustenta al estado de manera transversal. Traigo al presente y rindo un homenaje al querido amigo, compañero, militante y escritor qom, Juan Chico, junto a quien siempre analizábamos al racismo como ideología fundante de nuestro Estado Nación. Esa es la lógica del racismo, que a lo largo de los siglos regula las relaciones sociales e influye en las condiciones de vida del pueblo. En el Estado existe un “racismo estructural”, que habilitó la hegemonía del patriarcado, el machismo y la discriminación, y que genera altos grados de violencia institucional y exhibe de manera naturalizada a las mayores vulneraciones a los derechos humanos.

La violencia institucional parece un mal endémico de nuestra democracia, ¿hay estadísticas que reflejen la situación actual a nivel nacional y provincial?

La violencia Institucional es parte del ADN de muchas instituciones estatales, y ello no puede ser de otra manera en virtud de que cuando se funda el estado, se lo hace bajo concepciones racistas y discriminatorias. En relación con las estadísticas, si bien hay datos que varias instituciones del estado y de la sociedad civil llevan como registro, no son datos completos ni comunes entre sí, y bien es sabido que para tener una política seria de prevención de la tortura y violencia institucional es importante contar con registros confiables, sólidos y homogéneos en todo el sistema nacional. Por ello es importante destacar que estamos en un proceso de construcción del Registro Nacional de casos de Tortura y Malos Tratos, coordinado por el Comité, que incorpora y coordina con instituciones que vienen construyendo el registro a cargo del Grupo de estudio sobre el sistema penal y derechos humanos del Instituto Gino Germani, la Procuración penitenciaria de la Nación y la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. A nivel provincial, hubo un avance importante en el sistema de registro que confecciona la Secretaría de Derechos Humanos para atender las denuncias y emergencias que recibe. 

¿Cómo se prepara esta gestión del Comité para atender y satisfacer las necesidades de las PPL?, ¿tiene estructura de personal capacitado, recursos técnicos y económicos para ello?

Esta pregunta plantea uno de los desafíos más importantes de la gestión. El Comité funcionaba con criterios de alta informalidad en relación con los recursos humanos, en términos de recursos técnicos nos encontramos con las limitaciones propias de trabajar un tema relativamente nuevo en la agenda de derechos humanos, que es el de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En relación al presupuesto, si bien se cuenta con un crecimiento sostenido, resulta muy precario para una institución con el perfil institucional que debe tener el Comité. El nuevo marco legal —donde debemos reconocer la iniciativa del gobernador Jorge Capitanich como impulsor de la propuesta de nuestra ley 3264-B— permitió el acceso a los cargos y a la estructura a través de concursos abiertos de antecedentes y oposición. Esto resolverá el ingreso y permanencia del personal, que se verá legitimado por contar con los perfiles mínimos necesarios. El presidente de la Nación y nuestras autoridades provinciales repiten hasta el cansancio que debemos lograr una gestión de calidad en el Estado, que esté a la altura, que ofrezca las respuestas que la sociedad requiere por parte de cada organismo estatal. Y flaco favor hacemos a ese objetivo si respondemos con nepotismo, amiguismo, favoritismo, en la contratación de los recursos humanos. Y esto también pone en cuestionamiento el rol de alguna dirigencia gremial que actúa muy distante del ideario que implica la defensa de la igualdad de oportunidades y derechos.