Amanda Encaje, un femicidio sin justicia

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A 29 años del brutal crimen no hay responsables ni sospechosos, y sus familiares exigen una disculpa pública del Estado por la denegación de justicia.

Por Pamela Soto, periodista.

Amanda Encaje y Néstor Blas Vivo fueron asesinados el 8 de abril de 1992. Ambos trabajaban en la empresa Supercemento S.A., ella como administrativa y él como director. Se trató de un brutal crimen que incluyó torturas y otras vejaciones que conmocionó a todo el país. Sin embargo, poco se supo del móvil del crimen y aún hoy, no hay culpables ni sospechosos.

Los cuerpos fueron hallados en una casa de avenida Paraguay al 700, de Resistencia. Allí, la empresa para la que trabajaban instalaría nuevas oficinas, estaban en proceso de refacción. Néstor Vivo y Amanda Encaje se encontraron en la casa en la mañana del 8 de abril para supervisar las obras.

Cerca de los cuerpos maniatados, encontrados por operarios de la empresa, se había encontrado dinero, por lo cual se descartó un robo. Para muchos, desde el momento del crimen, la investigación policial y judicial estuvo plagada de errores y callejones sin salida. Los asesinos quedaron totalmente impunes, ya que la Justicia nunca pudo avanzar lo suficiente con la causa.

En mayo de 2018, luego de 10 años de la petición presentada por Silvia Encaje (hermana) y Andrea Martínez, hija de Amanda Encaje, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió declarar admisible el caso por el asesinato de Amanda Encaje y Néstor Vivo.

La familia de Amanda denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso debido a las fallas que tuvo la investigación judicial para hallar a los responsables del violento crimen. Para las hermanas e hija de Amanda, se trató de un “crimen mafioso” por no haber accedido al pago de coimas por la adjudicación de obras públicas a la empresa Supercemento, una hipótesis que no pudo ser comprobada por la Justicia provincial. También apuntaron contra el poder político y económico de la época.

Desde 2020, el Estado provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, y del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, lleva adelante algunas acciones para acompañar a la familia Encaje en su reclamo de justicia. Esa acción del Gobierno incluyó encuentros entre las partes, a las que se sumaron también miembros del Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la provincia del Chaco, así como también representantes del Poder Legislativo provincial.  

Tras varias reuniones en las que estuvieron presentes el gobernador Jorge Capitanich y representantes de las mencionadas áreas del Estado, la familia Encaje propuso que se avanzara en una serie de medidas reparatorias y otras que permitieran evitar que se reiteren irregularidades durante las investigaciones judiciales de crímenes y que no concluyan con impunidad, como ocurrió con los crímenes de Amanda y Néstor Vivo.

Entre otras cosas, solicitaron el reconocimiento internacional y público del Estado asumiendo su responsabilidad por la denegación de justicia, y que sea difundido en diversos medios de comunicación masivos, así como también la publicación del Acuerdo de Solución Amistosa a la que deben llegar las partes según la Comisión Interamericana de DDHH.

También se promueve analizar la viabilidad de reapertura de la causa penal por los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo. A pesar de que ya transcurrieron 29 años de aquel macabro crimen, la familia de Amanda mantiene la esperanza de poder hallar a los responsables del hecho.

Otro de los ítems destacados es el que propone la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las personas víctimas de delitos y la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos, bajo la órbita del Poder Ejecutivo o Legislativo. De esta manera, no solo se crearía un registro oficial de crímenes de este tipo, sino también que el Chaco sería una de las primeras provincias del país en promover la defensa e investigación de delitos aberrantes de difícil investigación o resolución.

Tras una serie de reuniones con representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de la provincia, la familia de Amanda Encaje aclaró que no pretende reparaciones económicas ni indemnizaciones por la denegación de justicia que sufrieron.

Sus pretensiones están directamente relacionadas con las carencias que acompañaron la investigación judicial al momento de los asesinatos de Amanda y Néstor, y en todo el proceso penal preparatorio en el que no se hallaron sospechosos ni responsables. Además, insistieron en la necesidad de reconocer la denegación de justicia causada por la deficiente investigación judicial que impidió identificar a los autores del doble crimen.

El reconocimiento público de esa denegación de justicia, representaría un precedente en la provincia y el país en lo que respecta a crímenes sin resolución. También será reparatorio para las familias de Amanda y Néstor y un faro de esperanza para otros casos de crímenes y desapariciones en la provincia del Chaco que aún no poseen líneas de investigación concretas ni sospechosos.

En la época en la que Amanda fue asesinada, la perspectiva de género en la Justicia era impensada, y las muertes de mujeres no eran más que “crímenes pasionales”. Los medios de comunicación de la provincia dedicaron páginas enteras a teorizar sobre los asesinatos y, muchas crónicas, hablaban de desenlaces que poco respetaban la vida y la intimidad de Amanda y Néstor.

La vida privada de Amanda Encaje era materia de debate en las charlas de café y los almuerzos familiares. No así la de Néstor Vivo. En gran parte, eso se debió a la inequívoca cobertura periodística que se realizó, aunque muy acorde a los tiempos que se vivían.

El reconocimiento público del Estado chaqueño sobre la denegación de justicia, es también un reconocimiento a Amanda, una víctima de la violencia machista.